La regulación de las redes sociales: resurge el debate

No es un tema nuevo, pero el debate sobre la regulación de las redes sociales ha vuelto a resurgir con fuerza esta semana tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Twitter, sobre todo, se convirtió en un tremendo hervidero en el que hubo de todo un poco. El tema ha acabado en el Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación para determinar si ciertos comentarios podrían ser constitutivos de delito y mientras tanto la polémica ha seguido avivándose en Twitter con opiniones de todo tipo y condición.

La polémica «social» tras el asesinato de Isabel Carrasco

El asunto, por lo tanto, vuelve a estar en la palestra: las redes sociales son indiscutiblemente una gran herramienta de comunicación y una gran autopista de la información, pero ¿corren el riesgo de contaminarse? El debate está servido, y no me refiero exclusivamente al debate político de turno.

Más allá de este caso concreto y de si en general, en el día a día, determinados tuits o mensajes son afortunados, menos afortunados, inmorales, ofensivos, de muy mal gusto o incluso constitutivos de delito, lo que ha vuelto a quedar de manifiesto es el increíble poder de las redes sociales como canal de difusión. Las redes sociales no ya es que se hagan eco de las noticias o de la actualidad, es que lo que pasa en las redes sociales también se convierte directamente en noticia. Es un camino de ida y vuelta.

Las redes sociales son un gran altavoz de opiniones, informaciones y comentarios que cualquiera podemos hacer también en nuestros entornos pero cuya difusión amplificamos a través de nuestros perfiles. Su poder, para bien, mal o regular, es tremendo. Pero ¿dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la ofensa (que puede ser lícita) o, ya más grave, el delito (injurias, calumnias, apología de la violencia, del racismo, del terrorismo…)? ¿Dónde está la barrera entre algo inmoral y algo delictivo? No es lo mismo.

¿Libertad de expresión, inmoralidad o delito?

Lo que sí es cierto es que en nombre de la libertad de expresión no se puede justificar absolutamente todo. Ni dentro ni fuera de las redes sociales. Pongamos por ejemplo el caso de un medio de comunicación. Un periodista (y el medio para el que trabaje) son directamente responsables de lo que publican y tienen que responder por ello en el caso de que una información pueda ser constitutiva de cualquier delito.

Las armas del periodista en este caso son demostrar que la información es veraz. Pero de partida no hay una plena impunidad para poder publicar cualquier cosa al amparo de la libertad de expresión y el derecho a la información. Igualmente, a la hora de abordar una información, un periodista tiene que cuidar el lenguaje y tiene que distinguir entre opinión e información. Por ejemplo, no puede hablar de «culpable» sino de «presunto culpable» hasta que exista una sentencia condenatoria y debe ser muy escrupuloso a la hora de facilitar determinados datos. Tampoco puede (o debe) utilizar calificativos o «etiquetas» que puedan herir la «sensibilidad» de personas o colectivos, debe preservar la intimidad y la imagen de los menores,…

En el caso de lo que se publica en redes sociales, sí es cierto que la cosa se complica porque también se puede jugar la baza del anonimato; porque opinión e información muchas veces se confunden; porque otras tantas veces se comparten contenidos que ni siquiera se han leído en su totalidad y se dan por ciertos sin contrastar; y porque su difusión puede ser tremendamente viral y casi incontrolable.

Una mayor regulación: ¿si, no, puede?

La polémica a raíz de determinados comentarios vertidos en las redes sociales (en Twitter especialmente) por el asesinato de la política de León ha sembrado a su vez una nueva polémica en torno a la necesidad (o no) de extremar la regulación de las redes sociales: hay quienes son partidarios e instan un mayor control. Hay quienes consideran que «poner puertas al campo» va totalmente en contra de la filosofía de las redes sociales y que se puede caer en una “caza de brujas”. Y hay quienes piensan que la regulación actual ya es suficiente y que, en todo caso, lo que hace falta es que realmente se aplique.

Particularmente, soy de la opinión de que no hay generalizar y de que tampoco es cuestión de que nos volvamos locos. Una cosa es un comentario ofensivo, desafortunado e incluso inmoral, y otra un comentario constitutivo de delito. A cada uno, lo suyo.

Una crítica no tiene por qué ser por defecto una difamación, una injuria o un atentado contra el honor de nadie como muchas veces se pretende. Pero ciertamente, como ha ocurrido en este caso con el asesinato de Isabel Carrasco, hay comentarios que (además de ser de muy mal gusto) quizá pudieran ser constitutivos de algún delito, de hecho ayer se apreso  a un jovén de 19 años por apología de la violencia a través de su cuenta de Twitter. También ha habido comentarios que, aún siendo inmorales, tampoco creo que sean realmente delictivos. Lo dicho, no se puede ni se debe generalizar.

Sin embargo, no es como si no hubiera ninguna regulación: para los casos en que sí pudiera haber indicio de algún tipo de delito, las leyes existentes pueden ser igualmente aplicables en el terreno de las redes sociales y, de hecho, ya hay precedentes y jurisprudencia.

Aún en el caso de que un comentario se realice de forma anónima, la Policía y la autoridad judicial tienen potestad para pedir a la red social que identifique a la persona que está detrás de ese determinado perfil. Y, a nivel personal, cualquier usuario que considere que está siendo víctima de un delito puede ejercer su derecho a interponer una denuncia. ¿Qué tipo de regulación más sería entonces necesaria?

¿Condenado por un RT?

El debate, sin embargo, ha ido más allá: ya no se trata solo de responsabilizar en su caso a quien haya realizado un determinado comentario presuntamente delictivo sino también a quien contribuya a su difusión. Aquí la cosa evidentemente se complica todavía más. ¿Condenado por un RT?

Una vez más se ha demostrado que la sociedad ha ido por delante de cualquier regulación. Al fin y al cabo, las redes sociales no son más que un reflejo de lo que es la misma sociedad: una gran mayoría convive en “armonía” dentro y fuera de las redes sociales y hay quien vive al margen de cualquier ética o sentido común. Y también de la legalidad. Nada nuevo ¿verdad?

De momento, y en relación a este caso concreto del asesinato (que no crimen político) de Isabel Carrasco, el ministro del Interior ya ha puesto sobre la mesa una posible (extra) regulación del uso de las redes sociales.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que es necesario extremar el control?